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CARTAS DEL LECTOR

26/01/2010

DOCUMENTO DE APORTES Y REFLEXIONES-AGENDA 2010-CGE (continuación I)

Creemos sin temor a equivocarnos que los objetivos básicos comunes de todos los sectores es alcanzar el desarrollo económico y la equidad social. Esto exige un enfoque integrador, de modo que las distintas áreas de la política económica actúen de modo consistente entre sí, subordinando su orientación específica a los objetivos principales deseados.

El desarrollo económico supone necesariamente recuperar nuestra competitividad internacional a fin de garantizar un ritmo sostenido de crecimiento que no se sustente sobre mano de obra barata, sino un modelo que permita ocupar y remunerar adecuadamente la fuerza de trabajo que nuestro país posee.

La equidad buscada se orienta a mejorar la distribución del esfuerzo y de sus frutos y a encarar decididamente una política para una drástica disminución de la pobreza en todo el país.

En ese sentido, creemos que el aporte de los sectores de mayores ingresos debe ser mayor a fin de permitir la integración de todos los sectores en el modelo a disenar. Las estrategias que se disenen deben estar orientadas a la búsqueda de la transformación de la estructura productiva y de la composición de las exportaciones, incorporando productos diferenciados con mayor valor agregado. El logro de mayor capacidad de innovación jugará un papel fundamental en esta transformación.

Para ello la participación del Estado es trascendental, dado que para alcanzar un desarrollo productivo armónico se requiere la aplicación de políticas activas, que tiendan a asegurar a los agentes privados una base mínima para que puedan concretar sus propuestas. Ello supone consolidar el mercado interno, fortalecer el funcionamiento del Mercosur, e incrementar la exportación de bienes hacia el resto del mundo.

La estrategia debe combinar la protección contra las prácticas desleales y el dumping, el esfuerzo por colaborar con las empresas dinámicas en la creación y adaptación de las nuevas tecnologías, y el impulso a la baja de las tasas de interés a niveles razonables, para lo cual se hace necesario fortalecer el sistema de financiamiento a los sectores productivos.

Al mismo tiempo, esas estrategias deben disenarse en un marco de equidad tanto desde la generación de empleo como de la disminución de las desigualdades en los niveles de ingreso y disminución de la pobreza.

Es decir, aspiramos a que el un nuevo esquema productivo promueva el avance de empresas creadoras de riqueza y empleo, en el marco de una economía sostenida por el deseo de forjar una nación de ciudadanos productores y, por lo tanto, prósperos.

En igual sentido debemos revisar el esquema impositivo actual, a fin de poder alcanzar un sistema tributario que combata la riqueza especulativa y estimule la orientación de los recursos a la inversión productiva. Deben revisarse todas las disposiciones de carácter tributario que permitan la evasión, por acción u omisión.

Debe priorizarse la integración nacional, considerando al país como un todo, para lo cual se debe necesariamente disenar programas de desarrollo específico para cada economía regional, que permita la transformación productiva con equidad social con participación del Estado nacional, los Estados provinciales, las universidades, los organismos de ciencia y tecnología y los productores.

Deben priorizarse aquellos mecanismos de generación de empleo que conlleven una mejora de la calidad del empleo y que favorezcan a los trabajadores menos calificados. Es decir, las políticas de carácter más activo, como los subsidios al empleo privado y los programas de generación directa en el sector público, así como los de entrenamiento y capacitación, también deben estar destinadas a mejorar la posibilidad de que los grupos más postergados obtengan empleo.

Es decir, el debate y discusión que nos debemos como integrantes de una Nación, debe abarcar toda la estructura productiva, orientada a forjar una estrategia de aliento general a la mayor producción y la productividad que priorice las interrelaciones entre la industria, el agro y las demás ramas de la economía.

La regulación no debe frenar el mercado, pero tampoco puede ni debe someterse a él. La prueba decisiva de la eficiencia de una estrategia como la que se propone reside en los resultados obtenidos en términos de desarrollo económico y equidad del sistema.

La política industrial debe estar dirigida a las empresas como agentes centrales dinámicos de la producción antes que a las ramas o sectores. Los aspectos sectoriales específicos serán tenidos en cuenta como telón de fondo de las decisiones al respecto.

Las medianas y pequenas empresas deben recibir apoyos organizativos y técnicos que posibiliten su desarrollo y modernización, con condiciones de financiamiento apropiadas. En este proceso cumplen un rol trascendental y responsable las grandes empresas.

Es preciso que las políticas dirigidas a las grandes empresas estén inmersas en un proceso de negociación en el que las medidas de apoyo razonable demandadas por éstas tengan una clara contrapartida en términos de aportes efectivos a la dimensión y eficiencia de la producción local.

Producir para exportar implica como condición previa y necesaria el producir de modo eficiente y en cantidades abundantes que permita satisfacer la demanda del mercado nacional y regional.

Para ello es imprescindible tener bien en claro que, el Estado sigue siendo la máxima instancia de articulación social. Es necesario lograr un mejor Estado, tecnológica y culturalmente más avanzado, que contemple el fortalecimiento de aquellas instituciones y programas que promuevan nuevos equilibrios en los planos de la redistribución del ingreso y el poder social.

En lo relativo a la promoción del desarrollo, el papel del Estado es primordial como productor de bienes y servicios, como principal responsable del avance científico y tecnológico, como regulador del mercado laboral, como constructor de la infraestructura material del país o como interventor en el comercio externo.

La propuesta de retomar un diálogo maduro, responsable, para el diseno de políticas, que se direccionen a una nueva Argentina requiere la conformación de una nueva unión social que refleje al mismo tiempo la voluntad de superación de la crisis y de formalizar una nueva identidad de país, que debemos construir entre todos.

Esta unión social, debe integrarse por todos los sectores que encarnan la producción, provenientes del trabajo y del capital.

Debemos fortalecer las instituciones, en el marco de un estado de derecho establecido por nuestra Constitución, procurando el pleno y transparente funcionamiento de los partidos políticos.

Debemos comenzar hoy, en el ano del bicentenario, logrando la rápida unión de la ciudadanía alrededor de un nuevo consenso social. Ese es nuestro desafío como organización representativa de actores económicos.

Ctdor. Pablo Larranaga-Ing. Néstor Alcala

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